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Los empresarios nuevamente castigados: el CPCE aumentó sus aranceles

En respuesta a los reclamos de socios y Cámaras Territoriales y Especificas asociadas  y como vocera del empresariado de la provincia; UCIM ha enviado una serie de notas a organismos gubernamentales y otras organizaciones mostrando su disconformidad con los nuevos aranceles fijados desde el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Mendoza. a partir del 1/2/2019.

Daniel Ariosto, presidente de la entidad centenaria explicó: “Esta acción no hace más que incrementar los costos de cada empresa que sufre los aumentos de tarifas, una alta inflación, una grave  presión tributaria, costos laborales muy difíciles de afrontar, en el marco de una actividad comercial muy complicada en varios segmentos. . Esto no hace más que aumentar costos que de ser trasladados a los precios finales, ocasionaría más caída en ventas y mayor recesión”.

“Esta decisión nos parece totalmente improcedente dado el contexto en el que nos encontramos”, sentenció Ariosto.

Los empresarios consideran a la medida como una exageración dado que es aplicable sobre las ventas netas que el balance informe, sin importar los gastos y pérdidas del mismo.

Esta exigencia que alcanza a todo tipo de empresa y que además es un trámite exigible por todas las entidades financieras y gubernamentales y que no se puede realizar por otro medio sino que únicamente lo hace el Consejo, puede considerarse que cae en la conocida figura de “  abuso de  posición dominante   , que busca arbitrariamente recaudar montos fuera de toda lógica cuando lo único que hace es certificar una firma de un asociado de ese consejo.

El texto de la nota enviado a las autoridades es el siguiente :

De nuestra mayor consideración,

Hemos sido notificados de las nuevas tarifas que cobrará el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, que descenderán en cascada hacia cada una de las empresas y personas que necesitan de la certificación que el Consejo emite.

Sabemos que ante situaciones económicas como la que estamos atravesando, aquellas actividades que tienen POSICIÓN DOMINANTE en la sociedad, establecen las reglas que les permitirán capear el temporal, sin sufrir las consecuencias que padecemos el resto.

Además de ser consideradas excesivas estas tarifas, imposibles de pagar para muchos de nosotros que, al no tener esa POSICIÓN DOMINANTE, no tenemos cómo aumentar nuestros ingresos para absorberlas, nos plantea el hecho de la verdadera necesidad de la existencia de instituciones como los Consejos de distintas actividades y el Colegio Notarial.

Si bien es cierto que en su momento se consideró necesario crear grupos colegiados para atender las necesidades grupales de los profesionales que los integran, no se ha tenido en cuenta que sus costos de funcionamiento no deben recaer en el resto de la sociedad y menos con el requisito de OBLIGATORIEDAD que esgrimen, ya que no es optativo para nosotros, el resto de las actividades empresarias, el pago compulsivo que solicitan, el que a su vez, es actualizado con solo la aprobación de sus directivos, independientemente de la marcha de la economía provincial y nacional.

En  base a lo expuesto, la Unión Comercial e Industrial de Mendoza – UCIM – ,  manifiesta su profunda preocupación por la decisión unilateral de estas instituciones en cuanto a la actualización de sus cánones y plantea a la señora Ministro la necesidad de que su funcionamiento no recaiga en las otras actividades económicas, ya que se estaría ante una evidente transferencia de los sectores productivos hacia instituciones que, con todo el respaldo legal, actúan como intermediarias y cobrando por ello, lo que se traduce, en última instancia en otro ejemplo del tan nombrado COSTO ARGENTINO.

Solicitando su participación en éste evidente avance en contra de las actividades empresarias de la Provincia, esperamos una respuesta que nos permita superar esta situación; enviaremos copia de esta presentación al Consejo Profesional de Ciencias Económicas y al Colegio Notarial, para que conozcan el punto de vista del empresariado mendocino, lo mismo que a la Dirección de Defensa del Consumidor, para que actúe en defensa de nuestros asociados.

La nota ha sido enviada la ministra de Hacienda, Paula Allasino, al Consejo Profesional de Ciencias Económicas, al Colegio Notarial y a Defensa del Consumidor.

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